El Gobierno Nacional expidió un nuevo decreto que fortalece la vigilancia sobre la tercerización laboral y establece criterios para identificar cuándo una relación comercial puede estar encubriendo un vínculo laboral. La medida busca prevenir prácticas de intermediación ilegal y garantizar que los procesos de subcontratación se desarrollen bajo condiciones de autonomía técnica, financiera y administrativa.

La normativa, vigente desde el 5 de junio, faculta a las autoridades laborales para imponer sanciones a las empresas que utilicen esquemas de tercerización para eludir obligaciones laborales o ejercer subordinación directa sobre personal contratado por terceros. Dada su relevancia para distintos sectores económicos, incluyendo las industrias creativas, de comunicaciones y servicios especializados, resulta importante que las organizaciones revisen sus modelos de contratación y relacionamiento con proveedores para asegurar el cumplimiento de la regulación vigente.