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Nueva Ley obliga a empresas y universidades a adoptar medidas contra el acoso sexual
Recientemente, el Congreso de la República aprobó una nueva ley orientada a prevenir, proteger y atender a las víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral y educativo.
La Ley 2365 de 2024, es una normativa de tipo integral y transversal, que se ha dictado con el objetivo de establecer medidas concretas y de responsabilidades para empleadores y para instituciones educativas de educación superior.
Esta nueva disposición también establecer practicas de detección y prevención a violencias de género y acoso sexual que se pueda presentar en las instituciones de educación superior. La medida acoge a instituciones universitarias, universidades, instituciones tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, escuelas tecnológicas, así como el SENA y y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano (IETDH).
Respecto al ámbito laboral, la ley dicta obligaciones para los empleadores. De acuerdo con la información de Red Jurista, los empleadores estarán obligados a crear políticas internas de prevención, investigar y sancionar el acoso sexual, así como garantizar los derechos de las víctimas de este tipo de delitos. Por parte de las ARL, también se acogen a esta nueva normativa. En ese sentido, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL- deberán realizar actividades que permitan el fortalecimiento de la atención, protección y prevención del acoso sexual en los escenarios laborales.
Según, Angélica Lozano, congresista, el 98 por ciento de las denuncias por estos hechos no llegan a una sentencia judicial, así lo sostuvo para el medio CAMBIO. Por este motivo, la normativa busca que las victimas tengan más protección en los entornos laborales y educativos. Una de las consideraciones que contempla la ley es que las víctimas podrán pedir traslados de área para no trabajar cerca del victimario; solicitar un modo teletrabajo y tener estabilidad laboral obligatoria por lo menos seis meses —tiempo en el que los empleadores no las podrán despedir.
Finalmente, el Gobierno nacional, tendrá un plazo de 12 meses, para formular un plan transversal enfocado en la erradicación del acoso sexual, el cual deberá contemplar estrategias de prevención, comunicación, lineamientos para protocolos, así como la implementación de programas especiales por parte de las ARL.
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